En España ya son tres las personas que se han
suicidado por motivos de la crisis económica. La tercera víctima ha sido una
mujer de 53 años tras haberle comunicado la comisión judicial el desahucio.
Espero que la “inducción al suicidio”
no sea una de las medidas de austeridad del gobierno. Ya estoy
imaginando a Rajoy por televisión anunciando “una excelente propuesta para acabar con el paro, así como un ahorro de millones de euros a la
Seguridad Social”. Dios nos pille confesados. Y lo digo, porque este suceso es
el resultado de una de las muchas
gestiones pésimas de nuestros
gobernantes; unas políticas que atentan contra los derechos de los ciudadanos,
y que obedecen a intereses económicos -véase la ley de
hipotecas-. Con esta norma, por ejemplo, ya no hay elección para el
ciudadano. De un plumazo, se han saltado
a la torera dos derechos por el precio de uno. Por un lado, el derecho a la vivienda
-un derecho que todavía se discute si debe ser económico o fundamental- y por otro, sin ser conscientes
de ello, el derecho a la vida. Esta serie de medidas muestran la crisis de
valores hacia la que nos están llevando los intereses económicos. Espanta ver
cómo los políticos se han visto obligados a reaccionar ante esta situación, e
insisto, espanta porque muestra la brecha que existe entre los políticos y los
ciudadanos. ¿No han sido motivos suficientes para el gobierno todas las protestas que, con anterioridad, se
produjeron en toda España contra los desahucios? Parece que no. El ejecutivo se
ha visto obligado a enfrentarse a la situación de las hipotecas cuando una
ciudadana de a pie ha decidido poner fin a su vida. Ante esto, gobierno y
oposición han convocado una reunión urgente para modificar la regulación de las
hipotecas.
Por ello, pedir responsabilidades es el
primer paso para hablar de Justicia
hacia estas personas, porque es un error considerar dos muertes como meros
suicidios. Desproveer a una persona de su casa debería ser condenable, porque
no nos olvidemos que el derecho a la vivienda es un derecho humano, no solo
porque lo recoja la constitución, sino porque es el principio connatural al
desarrollo de la persona.
